Una vez que el individuo es entregado al país solicitante, este país asume la responsabilidad de juzgarlo de acuerdo con su legislación interna y, en caso de ser encontrado culpable, de imponer la correspondiente condena. El país requerido evalúa la solicitud y decide si cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo de extradición.

A pesar de esta excepción, España puede solicitar extradiciones de prófugos de la justicia estatal a sus 26 socios de la Unión Europea y a Reino Unido gracias a esa normativa, a los que hay que sumar los 36 países de todo el mundo con los que las autoridades españolas han ido firmando convenios bilaterales de extradición, como detalla el